A más de 21 años del retorno a la democracia, decenas de compatriotas, inculpados de crímenes con confesiones obtenidas bajo tortura, cumplen una condena de destierro que les prohíbe retornar a Chile.
Los más de 800 presos políticos de la dictadura, acusados de terrorismo “por resistir a la dictadura militar de Augusto Pinochet”, según consigna Hugo Marchant, ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e imputado por el atentado al intendente de Santiago, Carol Urzúa en 1983, fueron empujados a la encrucijada de vivir encarcelados por décadas o dejar el país mientras se cumplía su condena.
La pena de extrañamiento, instaurada en 1991 por el entonces Presidente Patricio Aylwin, fue una oferta que se hizo a todos los presos políticos juzgados por cortes militares en conmutación por la cadena perpetua: Marchant y 28 prisioneros pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al Mapu Lautaro (o al Movimiento Juvenil Lautaro -MJL) y al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), imputados por su presunta participación en actos en que murieron agentes de la dictadura, partieron a diversos países de Europa por periodos que dependían de los cargos en su contra. Marchant, por ejemplo, fue condenado a 25 años de exilio, aún le restan otros seis.
A 19 años de esta “fórmula” del Estado chileno, Silvia Aedo, esposa de Marchant, junto a los abogados de derechos humanos Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza, además de familiares, amigos y compañeros de las nueve personas que aún permanecen desterradas, conforman el Comité Fin al Destierro, que tiene por objeto presionar a diversos actores de la política nacional para levantar un proyecto de ley que permita el regreso de todos lo extrañados y la eliminación de las órdenes de aprehensión en su contra, emanadas desde la justicia militar. Mandatos que, como afirman los abogados, “ya no tienen ninguna justificación habiendo terminado la dictadura”.
Ya en 2009, los mismos abogados solicitaron a la ex Presidenta Michelle Bachelet que revisara la situación de tres de estas personas, a quienes se les está vulnerando el derecho a habitar en su propio país. En su momento, la Mandataria dijo que se resolvería caso a caso. Al año 2011, aún no han recibido respuesta, afirman los litigantes, integrantes del Comité que hoy, 13 de septiembre, ofreció una conferencia de prensa en el Colegio de Periodistas, a la que sólo asistieron dos medios de comunicación. No estuvo ninguno de los masivos.
CIUDADANOS DE 5ª CATEGORÍA
“Ya es hora de que todos los desterrados vuelvan al país”. Así abrió Silvia Aedo su intervención al medio día de hoy, y cuestionó que el Gobierno albergue a violadores de derechos humanos –aludiendo a la visa de ocho meses entregada al argentino Otilio Romano, juez acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Jorge Videla en el país vecino- mientras que los que “lucharon por la libertad del país son considerados ciudadanos de quinta categoría”.
Alberto Espinoza, quien además ha defendido a comuneros Mapuche y a implicados en el caso bombas –a quienes se les ha aplicado la Ley Antiterrorista-, además de contar con una lata trayectoria en defensa de prisioneros políticos durante la dictadura, declaró que el estándar con que se mide el terrorismo –calificación de los crímenes imputados a los extrañados- en Chile es subjetivo: El argumento es que el delito se cometió “con la finalidad de producir en la población, o una parte de ella, el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie”.
Por su parte, Alejandra Arriaza, puntualizó que la propia Declaración de Derechos Humanos contempla el derecho a rebelión cuando es el Estado el que está incurriendo en la vulneración de garantías a la población. En otras palabras, todos los que resistieron a la dictadura lo hicieron por la defensa de su propio derecho a la libertad coartado por el poder de un Estado impuesto de manera ilegítima.
La última vez que se barajó la idea de indultar a condenados políticos fue en 2010, cuando el Presidente Sebastián Piñera, ante la solicitud del cardenal Francisco Javier Errázuriz de un “Indulto Bicentenario”, accedió a revisar casos particulares por razones humanitarias, pero excluyó del beneficio a los acusados de terrorismo, lesa humanidad, narcotráfico, homicidios y abusos contra menores. Los condenados al extrañamiento, quedaron dentro de la primera categoría mencionada, a juicio de este Gobierno.
Pero los desterrados, en diversas ocasiones, también han manifestado que no están dispuestos a “ser moneda de cambio para exculpar a los violadores de los derechos humanos”, dado que consideran que algo así viola la ética de aquello por lo que han luchado toda su vida.
Ante este panorama y a la casi nula respuesta que han recibido por parte de la clase política, incluso de aquellos que en su tiempo también lucharon contra el régimen dictatorial -como todos los presidentes de la Concertación-, el Comité por el Fin al Destierro hizo un llamado a “todas las agrupaciones de Derechos Humanos a tomar cartas en el asunto” y emplazaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a legislar para que todos los condenados por la justicia militar con pruebas obtenidas bajo tortura, recurso que en cualquier corte del mundo serían inadmisibles, puedan ejercer su derecho a vivir en la patria.
Por Paula Figari Rojas
El Ciudadano
