jueves, 22 de diciembre de 2011

CONFERENCIA DE PRENSA....DIFUNDIR

FAVOR DIFUNDIR....VIERNES 23 DE DICIEMBRE

CONFERENCIA DE PRENSA EN TRIBUNALES DE

JUSTICIA...11:00 hrs....DIFUNDIR Y ASISTIR....HOY MAS

QUE NUNCA FIN AL DESTIERRO AHORA....

martes, 20 de diciembre de 2011

INFORMACIÓN IMPORTANTE

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE
    Hoy concedieron la apelación del recurso de amparo en favor de Hugo Marchant y remitieron el expediente ante la Corte Suprema para que lo analicen. Estaremos pendientes para cuando lo coloquen en tabla dentro de esta semana para presentarnos en los alegatos.....FAVOR DIFUNDIR.....POR EL FIN AL DESTIERRO AHORA

martes, 6 de diciembre de 2011

Recurso de amparo es declarado admisible¡¡¡

Claudia, desde el tribunal nos informa que el recurso de amparo en favor de Hugo Marchant fue declarado admisible. La sala está pidiendo informes a los Ministerios de Justicia e Interior, y a la PDI para que expliquen su proceder en la expulsión de Hugo, contraviniendo la orden emanada del juez de fuero Joaquín Billard.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Nos escribe Hugo Marchant desde Argentina

Hoy, lunes 5 de diciembre, nos llegó este Informe sobre las jornadas de lucha por ¡El Fin Al Destiero Ahora!, escrito por Hugo Marchant Moya.javascript:void(0)

1.- El dia 29 de noviembre a las 11:30 de la mañana estábamos aterrizando en la loza del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, y procedimos a continuar con el proceso de ingreso y control policial.

2.- En el momento de presentar mi pasaporte finlandés en la ventanilla del policía, comienzo a darme cuenta de su sorpresa y comienza a llamar al comisario al lugar. Me doy cuenta que no me estaban esperando.

El comisario sorprendido me pregunta si estoy en conocimiento de “la prohibición de ingreso”, frente a lo cual respondo:

-Se perfectamente lo que usted ve en esa pantalla, yo estoy viajando con mis familiares, mi hija y su pareja, además de una amiga de nuestro comité. Afuera hay un par de cientos de personas esperándome, un abogado está esperando al otro lado de esta muralla, y mi otro abogado esta tramitando en los tribunales una autorización de ingreso por razones humanitarias. Y, además, esta próxima semana está viajando mi esposa y mi hijo para que tengamos un encuentro familiar en Chile.

El comisario, de manera gentil, me pide que le acompañe al despacho de la guardia. Me explica que no estoy detenido, que por favor tome asiento, que él debe cumplir de acuerdo a los rigores del caso, facilitando el ingreso de la abogada Alejandra Arriaza. Además, el comisario acepta a que yo sea visitado por amigos y familiares. La abogada Margarita Peña ingresa y personalmente me acompaña mientras estoy en esas dependencias.

3.- Una primera dificultad fue que no se encontró al Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones en su oficina, pero prometió recibir este caso al día siguiente, a las 9:00 de la mañana.

4.- En el Parlamento, el Diputado Hugo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, convoca a la Comisión a reunirse con carácter de urgencia, la cual toma un acuerdo por unanimidad: Solicitar al Ministerio del Interior lo siguiente:

a) Permitir el ingreso de Hugo Marchant al país.

b) De no ser así, que permita que Hugo Marchant espere en el aeropuerto la decisión del Ministro.

El subsecretario, Rodrigo Ubilla, respondió a la petición con un rotundo No, y por lo tanto policía internacional organizó mi viaje de regreso a Buenos Aires.

5.- Cuando ya estaba arriba del avión, me di cuenta que estaba muy contento y que me sentía con mucha fuerza, a pesar que ya hacia varios días que apenas había dormido apenas cuatro horas debido al trabajo que implicaba esta campaña. Por primera vez después de haber iniciado el viaje al Destierro me estaba enfrentando nuevamente al Estado para exigir el derecho a vivir, luchar y morir en mi país, estábamos exigiendo la legitimidad de una reivindicación como es poner fin al destierro.

Muchos compañeros y compañeras, amigos del comité estaban apoyando esta “accion directa”. Esto estaba claro ¡Al próximo día debía volver nuevamente!

6.- A la llegada al aeropuerto de Ezeiza, de Buenos Aires, me esperaba un compañero que me llevó a su casa, al día siguiente, a las cinco de la mañana, estaba comprando un pasaje con destino a Santiago de Chile, y estaría llegando nuevamente a las 11:30.

7.- Cuando el avión aterrizo, encendí el teléfono y había un mensaje de mi hija, quien feliz me comunicaba que el Juez había otorgado 15 días de permiso para permanecer en el país.

8.- Cuando estoy en la cola para el control de pasaporte me doy cuenta de la presencia de muchos policías que me buscaban y, nuevamente, gentilmente me indican que debo acompañarles al avión de regreso que salía en una hora más. El tipo tiene una tranquilidad insidiosa y provocadora. Le comunico que hay un permiso del Juez, por qué actúan así. Frente a lo cual me dice: A nosotros no nos ha llegado nada, por lo tanto usted se va. Yo llamo a Alejandra, mi abogada, y le comunico de los hechos, frente a lo cual busca al Prefecto de la Policía Internacional del Aeropuerto, con el cual negocia la nueva situación. Faltando diez minutos para embarcarse al avión el tipo que me retenía decide caminar conmigo al despacho de la guardia.

Esta vez no permite la visita de nadie, solamente Alejandra puede ingresar, pero de manera muy restringida, aunque oficialmente no estoy “DETENIDO”, en los hechos sí lo estoy, y aislado físicamente.

Policía Internacional, una vez que reciben el documento a través del conducto regular, manifiestan inmediatamente su decisión de no acatar la orden del Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones, Joaquín Billard.

9.- A las cinco de la tarde me llevan al avión de regreso nuevamente, y nuevamente entregan mi pasaporte finlandés al encargado de seguridad del avión, para que éste se lo entregue a la Policía Internacional de Argentina adjuntando al documento varios documentos, entre los cuales vi mi foto y mi prontuario policial.

Cuando llegamos al aeropuerto de Ezeisa solicito al policía mi documento, que de manera muy sorprendida me pregunta qué está pasando. Le cuento rápida y claramente de qué se trata, y como repuesta me entrega generosamente el documento y me desea buena suerte.

10.- Afuera del aeropuerto busque un lugar donde fumar un cigarrillo, y me imaginaba la indignación y la rabia que sentían los compañeros y compañeras del Comité Fin Al Destierro Ahora. Los periodistas, sus cámaras y a mi hija, enrostrándole a la Policía en sus dependencias su arbitrariedad, y su desfachatez al no acatar la orden de un Ministro del Poder Judicial.

Me imaginaba, y tanta alegría sentía la valentía y coraje de los miembros del Comité, y reflexionaba: Así lucha el Pueblo cuando siente la justeza de una lucha, es decidida y lo entrega todo, todo!!

Entonces comprendí que estas dos jornadas de lucha estaban llenas de éxito, tenemos instalada nuestra demanda en la escena política. La Policía Internacional responde las ordenes del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, esta ocurriendo lo mismo que con la criminalización del Movimiento Estudiantil, el Gobierno está tratando insistentemente en subordinar al Poder Judicial, frente a lo cual los jueces defienden “el Estado de Derecho”.

Cuando llego a mi casa y abro la Internet me doy cuenta que la noticia de los hechos ha sido desplegada con amplitud en la prensa y en las redes, y también la noticia está en Finlandia y en otros países.

Hemos dado un gran paso, nuestra campaña ya no es sólo una consigna y una demanda, es una lucha que está instalada en el escenario político, es una lucha que está instalada en el centro del Estado y tendrán que dirimir la contienda entre el Gobierno y el Poder Judicial.

11.- El viernes 2 de diciembre se presentó el Recurso de Amparo en la Corte de Apelaciones, y fue acogida con carácter de urgencia e inmediatamente por oficio se solicita antecedentes y cuenta de la decisión de Policía Internacional frente a estos hechos.

12.- Una sorpresa, el Instituto de Derechos Humanos respondió ahora nuestra carta que le enviamos hace varios meses. Sin comentarios por ahora.

13. Hoy, Lunes 5 de diciembre, está iniciando el viaje con rumbo a Chile mi Compañera, Silvia Aedo, y mi hijo Juan Manuel.

14.- Hoy y mañana esperamos la respuesta de la Corte.

15.- Ayer se cortó la luz en el sector donde vivo, aproveché de dormir. Hoy escribo cartas y pienso tranquilamente y trato de imaginarme el tercer viaje a Chile.

Finalmente quiero señalarles y recordarles que cuando iniciamos esta campaña fue pensando en la nueva situación política que abrió el movimiento estudiantil con su lucha aguerrida, y pensamos en aquel instante que la mejor forma de solidarizar con la lucha de nuestros jóvenes estudiantes era justamente llevando las reivindicaciones propias al plano de la lucha, y como debieran hacerlo todos los sectores sociales, hasta que la lucha del Pueblo sea una sola.

Con esta lucha solidarizamos y respaldamos la lucha del Pueblo Mapuche.

Con esta lucha llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos de los tiempos de la Dictadura a levantar sus banderas y hacerlas nuevamente como propias del Pueblo desde donde nunca debían haber salido, y además de manifestar con rotundo rechazo a la Impunidad, y que sea en la calle en la lucha social y política decir: Ni perdón ni olvido. No a la impunidad.

Con esta lucha solidarizamos en la Lucha por la Libertad de todos los Presos Políticos que son cerca de un centenar y que en su mayoría son compañeros mapuches.

¡La lucha Continúa!

Hugo Marchant Moya

Buenos Aires 5 de diciembre de 2011






COMUNICADO DEL CODEPU

COMUNICADO PUBLICO

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU informa por este medio que Hugo Marchant Moya, ciudadano chileno, que cumple pena de extrañamiento en Finlandia, con esta fecha ha regresado a su patria:

1. Hugo Marchant Moya, ex mirista fue detenido el año 1983 bajo la dictadura militar, permaneciendo 9 años en prisión hasta 1992, fecha en la cual bajo el gobierno de P. Aylwin A., se le conmutó la pena de prisión perpetua por la de extrañamiento.

2. Durante los años de prisión política Hugo Marchant M., detenido por la Central Nacional de Informaciones, CNI, fue objeto de tortura física, psicológica, biológica y otros vejámenes que pusieron en riesgo su vida en numerosas ocasiones. Luego, de un largo proceso, fue, condenado por diversos actos, calificados de acuerdo a la ley antiterrorista Nº 18.314, a la pena de presidio perpetuo.

3. Después de 19 años de extrañamiento, Hugo Marchant Moya se encuentra amenazado y privado del derecho a la libertad personal al no permitírsele, como nacional del Estado de Chile, el reingreso al territorio patrio desde el extranjero. Al llegar los años noventa, como salida política para quienes se encontraban cumpliendo prisión por hechos ocurridos en la dictadura, vía indulto particular, se le conmutó las sanciones impuestas por la pena de extrañamiento. En aquel momento, tal mecanismo posibilitó la libertad de un grupo de chilenos especialmente golpeados por la represión política. El Presidente de la República, Sr. P. Aylwin A., indultó, previa reforma del artículo 9º de la Constitución, obtenida a través de la ley Nº 19.055. Tal ley permitió el indulto presidencial respecto de hechos calificados como terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Con la autorización entregada, por el Presidente de la República procedió a dictar el Decreto de Indulto Presidencial Nº 1385, fechado 13/10/ 92, en que se conmutó el presidio perpetuo por la pena de 20 años de extrañamiento.

4. La pena del extrañamiento a que ha sido sometido Hugo Marchant Moya y otros connacionales, resulta muy difícil de sobrellevar para una persona que desea profundamente vivir en Chile.

Exigimos al Estado de Chile, cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que prescribe en su artículo 22 Nº 5 que "Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo".

Exigimos cumplir el pronunciamiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos al disponer en su artículo 12 Nº 4 que "Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país".

Ambos tratados internacionales se encontraban vigentes al momento de decretarse la pena de extrañamiento tal como lo siguen estando hasta esta fecha, en que se niega el derecho de ingreso al país.

Solicitamos al Estado de Chile, admitir el ingreso al país de Hugo Marchant Moya para que de esa forma, se pueda restablecer sus derechos.

Santiago 30 de Noviembre de 2011


RECURSO DE AMPARO EN FAVOR DE HUGO MARCHANT

SECRETARIA CRIMINAL RECURSO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE AMPARO; EN EL OTROSI: SOLICITA OFICIOS; EN EL SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; Y EN EL TERCER OTROSI: SE TENGA PRESENTE. ILMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

ALBERTO ESPINOZA PINO, cédula de identidad Nº 6.454.769-0, abogado y MARIA ALEJANDRA ARRIAZA DONOSO, cédula de identidad Nº10.323.902-8, abogada, ambos domiciliados en Amunátegui 277 piso sexto, comuna de Santiago, a US., Iltma, respetuosamente digo:

Interponemos recurso de amparo a favor de HUGO JORGE MARCHANT MOYA, cédula de identidad Nº6.979.808-K, en contra de la Policía Internacional de Chile, domiciliada en Morandé 672 comuna de Santiago, por restringir su libertad personal de forma ilegal y arbitraria, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer:

En el año 1992 el señor Marchant Moya, se encontrado privado de libertad en la Cárcel Pública condenado a presidio perpetuo, tras ser condenado por la Justicia Militar y la justicia civil, permaneció en esa condición 10 años, con la publicación de las llamadas Leyes Cumplido, fue beneficiado en su calidad de ex prisionero político, conmutándosele esas condenas a la pena de extrañamiento, firmando el decreto de indulto respectivo, el señor Presidente de la República don Patricio Aylwin en el año 1992, cuya copia acompañamos.

En el mencionado Decreto, se le condenó a la pena de 20 años de extrañamiento por la causa seguida ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, Rol Nº 320-185, actualmente sustanciada bajo el Nº 24.087-2003 de la Iltma. Corte de Apeciones de Santiago, ante el Ministro de Fuero Joaquín Billard, y el resto de las penas que recaían sobre él, de acuerdo al propio decreto de indulto, se fijaron en cinco años de extrañamiento. Manteniendo otras inhabilidades.

El mismo Decreto 1385, del año 1992, señala la forma que ellas se cumplirían, expresamente dispone que primero cumpliría la pena menor de cinco años y a continuación y en forma sucesiva, debía cumplir la pena de extrañamiento de 20 años.

Es del caso, que en el propio Extracto de Filiación y Antecedentes Penales correspondiente al Señor Marchant Moya, consigna que todas las causas seguidas en su contra fueron conmutadas en virtud del Decreto Nº1385 de fecha 13 de octubre de 1992.

Entendemos que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, el señor Marchant Moya habría cumplido en el año 1997, la pena de extrañamiento que se fijaron en cinco años, y solo actualmente estaría cumpliendo la pena de veinte años correspondiente a la causa Nº24.087-2003 ex Rol Nº320-1985 del Segundo Juzgado Militar. Actualmente radicada ante Ministro de Fuero Joaquín Billard.

Como señala el Oficio Nº392/2011, emanado del Ministro de Fuero don Joaquín Billard, “se autoriza el ingreso por el lapso de 15 días al señor Marchant Moya, suspendiendo la pena de extrañamiento que pesa en su contra”, esta decisión la adopta el señor Ministro por razones humanitarias, dentro de sus facultades legales, pues lo hace, en su calidad de Juez Ejecutor de pena, mediante el documento dirigido al señor Jefe del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones.

Esta orden judicial, no fue acatada, ya que habiendo recepcionado el mencionado oficio, se mantuvo al señor Marchant Moya en el Aeropuerto de Santiago, desde las 11:30 a las 18:00 horas, momento en el cual se le ordena abordar un avión con destino a Buenos Aires.

Sin explicación clara, ante nuestra consulta, respecto de quien adoptó esta medida ilegal y arbitraria, nos dijo el Prefecto Melo, que la decisión fue adoptada por el Jefe Nacional de Extranjería, mientras que otro funcionario de la Policía de Investigaciones, señaló a los familiares, y ante diversos medios de comunicación, que la orden de expulsar al señor Marchant Moya, emanó de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia con victo de aprobación del Presidente de la República.

Claramente, se está desacatando la decisión del Poder Judicial, atentando contra un principio básico de Estado de Derecho, ya que encontrándose en cumplimiento de una pena, corresponde al Juez Ejecutor, pronunciarse al respecto, es facultad del Poder Judicial, y no a la autoridad Administrativa o de otro poder del Estado.

La Policía de Investigaciones debió dar cumplimiento a lo resuelto sin más trámite y sin poder calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución del Ministro de Fuero don Joaquín Billard. Es del caso, que el señor Marchant Moya, ha visto restringido su derecho a la libertad de desplazamiento, ocasionándole diversos perjuicios, en dos oportunidades ha sido enviado a Argentina, restringiendo su libertad durante varias horas, prohibiendo el ingreso autorizado. Es imperioso restablecer el imperio del derecho a la brevedad, es por ello, que nos vemos en la necesidad de recurrir ante este Tribunal para que cese la perturbación ilegal y arbitraria a sus derechos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7 letra A la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

En consecuencia: Toda persona tiene el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio a terceros;”

Por su parte el artículo 21 inciso final otorga la posibilidad de recurrir de amparo a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

POR TANTO, en virtud de lo expuesto y dispuesto en el artículo 19 y 21 de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales sobre derechos humanos que por vía del artículo 5º inciso 2º forman parte del contenido material de la Constitución, y el Auto Acordado sobre el Recurso de Amparo y las demás normas pertinentes,

RUEGO A US., ILTMA. Tener por interpuesto Recurso de Amparo a favor del señor JORGE HUGO MARCHANT MOYA, solicitar se informe de inmediato a la Policía Internacional de Chile, para que cese la PROHIBICIÓN DE INGRESO A NUESTRO PAÍS, POR EL LAPSO DE TIEMPO AUTORIZADO, acogiendo este amparo, Y comunicándose por la vía más expedita.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase Usía, Iltma., oficiar a:

a.- La Policía Internacional de Chile, para que emita informe a la brevedad al tenor del presente recurso

b.- Al Ministerio de Justicia.

SEGUNDO OTROSI: Solicito a S.S. Iltma., tener por acompañados los siguientes documentos:

a.- Oficio Nº 392/2011, que suspende el cumplimiento de la pena de extrañamiento del señor Moya Marchant, de fecha 01 de diciembre de 2011, suscrito por el ministro de Fuero Joaquín Billard Acuña.

b.- Copia de extracto de Filiación y Antecedentes del señor Marchant Moya.

c.- decreto Nº 1385 de fecha 13 de octubre de 1992, firmado por el señor Presidente Patricio Aylwin Azocar.

TERCER OTROSI: SÍRVASE S.S. ILTMA., tener presente que en nuestra calidad de abogados habilitados actuaremos en esta gestión, indistintamente, en forma conjunta o separadamente.

Javiera Marchant y Alejandra Arriaza, presentan el recurso.

Hugo Marchant: Desterrado chileno en ‘democracia’ trata de volver. Lo han expulsado dos veces.

Jorge Hugo Marchant Moya, dice que va a volver a hacer un tercer intento de ingresar al país, la próxima semana. Una resolución de la Corte de Apelaciones fue desestimada por la Policía de Investigaciones y los abogados redactaron un recurso de amparo mediante el cual piden que les llegue el informe oficial y la instrucción escrita de por qué se desacató esa orden del ministro de Fuero, Joaquín Billard Acuña.

“Tenemos dos versiones -dijo la abogada Alejandra Arriaza-, una del prefecto Melo, quien informó que lo expulsaban producto de una decisión mayor que emanaba del jefe nacional de Extranjería de la PDI, y otra del comisario Luis Avilar, quien señaló al Ministerio de Justicia como el responsable”, informó la abogada. Las dos, desconocen la competencia de uno de los poderes del Estado.

“¡No estamos hablando de los criminales de la dictadura! ¡Estamos hablando de personas que lucharon CONTRA la dictadura! ¡Hablamos de personas que fueron condenadas basándose en declaraciones sacadas bajo tortura!”, le gritaba descontrolada una mujer a tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) comandados por el comisario Luis Avilar, dentro de las instalaciones que tienen en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago.

Una treintena de familares, amigos, compañeros, pertenecientes al Comité Fin al Destierro Ahora, acompañados de CNN Chile, Telesur, y El Ciudadano, esperaban que por primera vez en ‘democracia’, Marchant pudiera abrazarse con ellos en tierra chilena. Hasta el doble del presidente Allende se apersonó en el aeropuerto. La expectativa era grande y positiva desde las 11 de la mañana, cuando una resolución judicial le autorizó el ingreso al país. Poco antes, cuando faltaban unos minutos para las 5 de la tarde del jueves 1 de diciembre cuando el prefecto de la PDI, de apellido Melo, había asegurado que Hugo Marchant Moya no sería expulsado del país, a los representantes de la treintena de familiares y amigos del ex militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), retenido desde las 11 de la mañana, cuando arribó a Santiago.

Pero estaba ad portas de ser expulsado de Chile por tercera vez en su vida. Las últimas dos, ocurrían en menos de 36 horas.

La primera vez que expulsaron a Marchant, fue cuando lo condenaron a vivir un destierro en Finlandia. Eso pasó 19 años antes, cuando el Presidente de la época, Patricio Aylwin Azócar, firmó un decreto que autorizaba la expulsión, de la tierra que los vio nacer, de unos 33 prisioneros políticos de la dictadura y los mandó a diferentes países de Europa. La figura que aplicó el demócratacristiano estaba contemplada en las llamadas Leyes Cumplido: Se les pidió a luchadores en contra de la dictadura, prisioneros en las mazmorras dictatoriales, que firmaran una solicitud de “autoextrañamiento” (exilio), para que sus condenas a 5, 10, 12, 15, 20, 25 y 40 años de cárcel, cuando no una perpetua, fueran conmutadas por un destierro. Pueden elegir, les dijo el Gobierno Aylwin, el primero de la anhelada democracia: “Se quedan en la cárcel cumpliendo condena o se van a disfrutar de la libertad en un país europeo”, con cuyos gobiernos se establecieron convenios. Hugo Marchant Moya era uno de ellos.







Luis Avilar de la PDI










BREVE RECUENTO DE LA DEMOCRACIA QUE DESTIERRA
Marchant había sido condenado a la pena de muerte por un tribunal militar que lo declaró culpable del atentado con resultado de muerte en contra del intendente de Santiago, designado por el dictador Augusto Pinochet, general en retiro Carol Urzúa. Hecho que aconteció la mañana del 30 de agosto de 1983.

El proceso del mirista no contó con casi ninguno de los requisitos para un debido proceso –ser juzgado por un tribunal civil; derecho a la legítima defensa, con igualdad de condiciones frente a sus acusadores; se le interrogó aplicando tortura, testimonio que fue considerado para declararlo culpable, etcétera, etcétera, etcétera). Lo mismo ocurrió con cientos de personas. Había más de 400 encarceladas cuando asumió Patricio Aylwin.

La nueva democracia no cumplió con la promesa de resolver con justicia el tema de la prisión política. Nadie salió en libertad. Todas las personas que fueron encarceladas por la dictadura por motivos políticos siguieron teniendo sus papeles manchados, y les pesa una marca como si hubiesen sido delincuentes. Eso, al parecer, fue parte de las negociaciones de la transición. Pinochet seguía siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el ruido de las botas seguía marcando el paso de la institucionalidad chilena.

“En mi familia, cuando tomaron preso a mi papá, la tortura la sufrimos todos, de alguna manera”, dijo Javiera Marchant Aedo, hija de Hugo, quien viajó desde Finlandia junto al ex mirista para reencontrarse con el país que dejó a los nueve años. “Yo aprendí a caminar en la cárcel, cuando lo iba a visitar. Ya es hora de que terminen con este castigo. Nosotros exigimos el derecho de caminar juntos y libres por las calles de Santiago”, enfatizó la joven de 28 años.

El grupo de prisioneros y prisioneras políticos acusados de los llamados “hechos de conciencia” fueron puestos en la calle con beneficios carcelarios. Es decir, se les marcó como culpables, pero podrían salir de la cárcel firmando en las noches, con reclusiones nocturnas por un periodo, firma dominical, entre otras.

Quienes habían sido condenados por los llamados “hechos de sangre”: Atentados a personeros de Gobierno, militares y en contra del mismo dictador; fueron sometidos a ese trance entre la libertad en el exilio, o la prisión en el país.

“Nosotros pensamos que eso iba a durar un par de años, y tuvimos una fuerte discusión al interior de la cárcel por si aceptábamos o no ese ofrecimiento que nos parecía injusto”, declaró Héctor Maturana, uno de los acusados de disparar contra la comitiva dictatorial, en el atentado a Pinochet en 1986.

Maturana también fue torturado, como Marchant, según consta en el Informe sobre prisión política y tortura, realizado por la Comisión conocida como Valech, que además ordenó que el Estado debe reparar con un sueldo mensual (que bordea los 150 mil pesos) y asegurar becas de educación para sus hijos e hijas. Y también está condenado a esperar unos años más para tener el derecho de pisar suelo chileno.

También hubo quienes optaron por no aceptar ninguno de los ‘beneficios’ que ofreció el Estado a modo de resarcimiento con sus torturados.

“Todo esto se pudo resolver con un decreto presidencial, porque fue un decreto presidencial el que los mandó al exilio”, explica la abogada experta en temas de derechos humanos, Alejandra Arriaza, quien además representó a Maturana (ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez), residente en Bélgica; y a otro desterrado, Jorge Escobar (ex militante del Mapu Lautaro), quien vive en Noruega.

Alejandra Arriaza rodeada de gente


EN EL AEROPUERTO, SE TOMARON LA PDI

A las 5 de la tarde, menos de cinco minutos después que el prefecto Melo le dijera que Marchant no sería expulsado, sonaba el teléfono de Javiera. Era su padre, retenido en las oficinas policiales, con medio pie en suelo chileno y medio pie en suelo internacional: “¿Cómo papá? ¿Qué te están subiendo al avión?”…

Hubo un silencio afuera de la puerta controlada por un portero electrónico. La treintena de personas agrupadas en el Comité Fin al Destierro Ahora (Fada), comenzaron a gritar y golpear la puerta. “¡¿Por qué mienten?! ¡Bájenlo del avión!”.

Horas antes el mismo vocero de la Secretaría General de Gobierno, el militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Andrés Chadwick, había declarado que si llegara una autorización judicial el Ejecutivo no podría oponerse al ingreso. Su palabra no pesó un ápice a la hora de exulsarlo.

Se abrió la puerta y dos policías trataron de impedir el acceso, pero la gente empujó y en dos minutos estaban frente a tres funcionarios de la PDI, quienes empujaban y decían que debían desalojar. Un equipo de Telesur y de CNN, además de la grabadora de El Ciudadano comenzaron las preguntas, en un ambiente de tensión. Llegaban más funcionarios haciendo una cadena para que no llegaran a otra puerta que conectaba con la losa de donde iba a despegar el avión llevándose a Marchant rumbo a la Argentina.

El comisario Luis Avilar respondió que ellos obedecían órdenes y que no podían pasar por encima de una decisión emanada de una autoridad administrativa.

¡Pero si el ministro Joaquín Billard Acuña –de la Corte de Apelaciones-, firmó una autorización para suspender la prohibición de ingreso por razones humanitarias!, le contestaban.

-¿A cuál autoridad administrativa se refiere?

-Corresponde a un oficio de la subsecretaría de Justicia -Ministerio de Justicia- con visto bueno del Presidente de la República, respondió el funcionario. (Versión que se contradice con lo que luego informó el mismo Melo, quien en ese momento no dio la cara, que decía que era decisión del jefe máximo de la PDI).

-¿Y pueden pasar por encima de una decisión emanada del Poder Judicial? ¿Dónde queda la separación de poderes en un Estado de Derecho?

-Eso no se lo puedo responder, porque no conozco el detalle del documento que me habla.

-¡Pero si se lo estamos mostrando!

La abogada Alejandra Arriaza, había presentado la solicitud el día anterior, recogió el documento en la mañana, y había llevado el original en persona -aunque ya había mandado un fax, al medio día-, para entregarlo a la autoridad policial, con la finalidad de que dejara entrar a Hugo Marchant, pero el poder Ejecutivo disponía otra cosa y en la PDI prefirieron obedecer a ese otro poder del Estado.

Desde Argentina, horas más tarde, Hugo Marchant decía que “en una falsa democracia, como la chilena, no deja de indignar que un equipo jurídico de una de las policías, prefiera pasar por alto la orden de un juez de la Corte de Apelaciones y obedecer al poder Ejecutivo. Eso es no reconocer la separación de los poderes del Estado”, indicó.

“Lo que sentimos es impotencia, mucha rabia, de que nos sigan castigando por haber enfrentado a la dictadura”, dijo una de las cercanas a Hugo Marchant, mientras desalojaban las oficinas de la PDI en el aeropuerto. “No respetan ni una orden emanada de tribunales”, decía la mujer con lágrimas en los ojos.

Y Hugo Marchant agregó que este es un momento muy importante de la historia de Chile; “a mí me interesa más que todas las organizaciones sociales salgan a la calle a manifestar su descontento, que reclamen sus derechos, y que se sumen al reclamo que se debe manifestar con un sistema que nos oprime”, dijo. Dando a entender que el suyo es un problema más de las grandes injusticias que se cometen en el país, ya que el tema de los derechos humanos es un asunto pendiente que no se ha resuelto desde la época de la dictadura.

Por César Baeza Hidalgo.


Chile: Por sobre la ley, gobierno impide ingreso de Hugo Marchant al país



En horas de la mañana de hoy, miércoles 1 de diciembre de 2011, el ministro en visita Joaquín Billard aceptó el ingreso al país por 15 días del ex mirista Hugo Marchant Moya, en virtud de razones humanitarias. La medida le permite el ingreso al territorio nacional por el término de 15 días a contar de esta fecha, quedando de este modo suspendida la pena de extrañamiento que pesa en su contra, según consigna la resolución firmada por Billard.

Pese a contar con la autorización del juez Joaquín Billard, la PDI mantuvo a Hugo Marchant retenido e impedido de ingresar al país durante todo el día, de acuerdo a lo informado por amigos y familiares que llegaron en masa al terminal aéreo. Según el comisario de la PDI a cargo en el lugar, les habría informado que estaban a la espera del visado del Ministerio del Interior, cuestión que debiera ser un trámite, dado que antes de conocerse que había una autorización del Poder Judicial, el ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick había comentado en La Moneda que "si hay un pronunciamiento de un tribunal, obviamente que se respeta esa decisión de los tribunales". Cuestión que no fue efectiva, dado que fue el mismo Hugo Marchant quien avisó desde su teléfono móvil que era nuevamente expulsado hacia Buenos Aires.

Este fue el segundo intento de volver pisar suelo chileno en menos de 48 horas que realizó Hugo Marchant, quien llegó procedente de Buenos Aires, pasadas las 11 de la mañana y a quien la Policía de Investigaciones lo mantuvo retenido todo el día para finalmente nuevamente devolverlo a Argentina.

Ayer ya lo habían regresado, después de todo un día a la espera de una resolución judicial, que no llegó, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Esta mañana hizo un nuevo intento por ingresar al país luego de que la abogada Alejandra Arriaza, junto a su colega Alberto Espinoza, lograran que el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones, Joaquín Billard Acuña, dictara una autorización por razones humanitarias para que el luchador social del MIR, quien es un reconocido ex prisionero político, según consta en el Informe Valech, pudiese ingresar por quince días.

El abogado de Marchant, Alberto Espinoza, dijo que estaba en manos del Ministerio del Interior el que está generando la traba para que se autorice la entrada de Marchant. Lo cual corroboraron diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes intercedieron ante dicha dependencia del Gobierno, pero no obtuvieron respuesta.

Mientras, desde la mañana, alrededor de un centenar de personas se reunió en el Aeropuerto para esperar a Hugo Marchant, quien tras 19 años de extrañamiento, espera reencontrarse con amigos y familiares.

El diputado demócrata cristiano Sergio Ojeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, declaró que había hecho una llamada pertinente para pedir que el Gobierno autorice el ingreso, pero hasta ese momento todavía no había un pronunciamiento del Ministerio del Interior (antes del medio día).

Javiera Marchant Aedo, hija del ex mirista, dice que “es el colmo que después de 19 años mi padre todavía tenga prohibición de entrar al país. Se ha probado que él fue víctima de prisión política y tortura, lo cual consta en el informe de la Comisión Valech. Cuando lo tomaron detenido, todos sufrimos la tortura, incluida mi madre; mi hermano Pablo tenía cuatro años y yo nueve meses, y aprendí a caminar en la cárcel. Ya es hora de que luego de más de 20 años de retorno a esta ‘democracia’, yo pueda caminar libremente junto mi padre por las calles de Santiago, por primera vez en mis 28 años”, enfatizó.

A pesar de contar con un oficio del Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones, Joaquín Billard Acuña, en el que se autoriza -por razones humanitarias- el ingreso al país por 15 días de Hugo Marchant, pero la Policía de Investigaciones (PDI) lo mantuvo retenido, y optó por devolverlo a la Argentina, debido a que, según informó el Comisario Luis Aguilar, en el aeropuerto, por una instrucción de la Secretaría de Justicia, “con visto bueno del Presidente de la República”. En definitiva, según dijo la abogada, Alejandra Arriaza, es una forma en que el Ejecutivo pasa por alto una resolución de otro poder del Estado, y con eso se violenta el Estado de Derecho.

Esta situación se dio luego de que el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, declarara que si había una resolución judicial, el Ejecutivo no se podría oponer al ingreso de Marchant. Su palabra no pesó nada a la hora de volver a expulsar a un ex prisionero político, que se enfrentó a una de las dictaduras más crudas que ha visto latinoamérica y el mundo.

1 de Diciembre: Juez suspende temporalmente pena de extrañamiento a Hugo Marchant


El ex Prisionero Político condenado al destierro, Hugo Marchant Moya, fue autorizado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, para permanecer durante 15 días en el territorio nacional, en respuesta a una solicitud de ingreso presentada en su favor por el abogado Alberto Espinoza. Marchant había sido detenido ayer miércoles por la PDI, cuando arribó al aeropuerto internacional de Santiago procedente de Finlandia, país en el cumple una pena de extrañamiento por 25 años, de los cuales lleva enterados 19.
El ingreso de Hugo Marchant al país, podría representar un avance para satisfacer la demanda sostenida por más de una treintena de chilenos en el extranjero, integrada por ex prisioneros políticos de la dictadura que conmutaron largas sentencias por la pena de extrañamiento, ex prisioneros fugados desde las cárceles y por personas requeridas por los tribunales militares que investigaban actividades contra el gobierno de facto y los aparatos represivos.

Hugo Marchant fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet. Fue en esa contienda que tomó parte en la operación que culminó con la ejecución en agosto de 1983 del general Carol Urzúa, quien ejercía el cargo de Intendente de la Región Metropolitana, desde el cual controlaba y orientaba a nivel regional, la represión contra las organizaciones sociales y políticas que actuaban para defender y recuperar los numerosos derechos arrasados por la dictadura.

Tarde del 30 de noviembre de 2011: Hugo Marchant es deportado a Buenos Aires.



Hugo Marchant Moya, ex preso político, ex militante de la Izquierda Revolucionaria (MIR), intentó ingresar hoy al país, pasado el mediodía, después de cumplir una pena de extrañamiento de 25 años en Finlandia y de haber pasado cerca de 10 años en la Cárcel.
Al ingresar a Chile, fue retenido por la PDI, Policía de Investigaciones, en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, quienes inmediatamente decidieron su expulsión, no obstante, su abogada consiguió dilatar la expulsión a la espera de un pronunciamiento de la Corte.
En tanto, la comision de DDHH del parlamento por una decisión unánime, solicitó al Ministerio del Interior que permita el inmediato ingreso de Hugo Marchant, o en su defecto, que se le permita esperar en el aeropuerto la resolución del Juez. El subsecretario de interior Rodrigo Ubilla rechazó la moción de los parlamentarios y a las 17 horas se le embarco de regreso a Buenos Aires.

30 de noviembre: Primer intento de Hugo Marchant por ingresar a Chile



El día 30 de noviembre de 2011, será uno de esos días que recordaremos por siempre, la mañana de ese día, Hugo Marchant con una pena vigente de extrañamiento en Finlandia, llegó hasta el mismísimo Aeropuerto de Pudahuel para exigir su derecho a ingresar a la patria. La respuesta fue la que nos esperabamos, se le retuvo en Policía Internacional, finalmente no se le permitió el ingreso y se le deporto a la ciudad de Buenos Aires.

Hasta el lugar llegaron diversas agrupaciones de Derechos Humanos, parlamentarios y connotados abogados a solidarizar con su llegada. Su abogado Alberto Espinoza ha presentado un escrito al juez Joaquín Billard para que autorice el ingreso de Marchant a Chile, el magistrado se comprometió a responder para el día siguiente 1 de diciembre de 2011.

Después de 19 años de “exilio forzado”, castigado por luchar contra la dictadura de Pinochet, Marchant ha llegado al país desde Finlandia con la intención de recuperar su derecho a ingresar a Chile.

Recordemos que Hugo Marchant, cumplió 9 años de prisión efectiva y luego a fines del año 1992, su condena le fue conmutada por 25 años de extrañamiento, producto de las “leyes cumplido” que dictó el entonces Presidente de la República Patricio Aylwin.

“En mi caso me quedan aún seis largos años para terminar con este infernal destierro. Lo considero que son absolutamente injustos, debido a que ya en Chile estuve casi de 10 años en prisión. Por lo tanto, 30 años creo que la condena esta cumplida con creces!, señala Marchant.

Hugo Marchant figura en el Informe Nacional de la Comisión Nacional Sobre Política y Tortura, también conocido como Informe Valech, que reconoció la tortura a los presos políticos y la falta a un debido proceso. Pese a este informe, sigue viviendo la pena de extrañamiento.

Marchant, manifiesta que “la justicia chilena hoy debe considerar que este castigo ha sido extendido a mi familia, a mi esposa, y mis hijos, los que desde el día en que fuimos detenidos, fueron sometidos a tortura.
Señala el caso particular de su hija que con 28 años en la actualidad, “no ha logrado aún desprenderse de un tratamiento de salud mental que lleva por años, debido a la profunda herida que dejo en ella la situación represiva en que creció y vivió”.
Por eso vuelve a Chile para que ella reinicie su vida, mejorando su calidad emocional y humana pero desde sus raíces. “El facultativo tratante, considera que ella debe realizar este proceso de la mano de su padre, por motivos esencialmente de contención, sanación y apoyo”, dice Marchant.

Su abogada Alejandra Arriaza, manifiesta: "Estamos a la espera de la decisión del ministro, nosotros sabemos además que los procesos por los cuales fueron condenados fueron sumamente irregulares, él era civil y fue condenado por un consejo de guerra que le aplicó la pena más drástica: la pena de muerte", explicó su abogada Alejandra Arriaza.

"Por los avances en la legislación esto luego se cambió a condena perpetua, para finalmente en los años noventa, entendiendo que se se vulneraron todos los principios de un debido proceso, por cuanto no existió un juez natural, no existió el derecho a una defensa adecuada ni acceder a otros mecanismos, su condena fue caden perpetua fue mutada a través de un indulto y se cambió a un extrañamiento, es decir la imposibilidad de ingresar a Chile", agregó.

Apoyo de personalidades a la campaña: Fin al Destierro, Ahora¡¡

Adhesión y Solidaridad de Jorge Arrate, Daniel Alcaíno y Juan Ayala a la campaña de Fin al Destierro Ahora en Chile.

(Sugiero poner en modo de pausa nuestro reproductor automático de música, ubicado al costado izquierdo)

HUGO MARCHANT, CHILENO Y DESTERRADO

“Vivir donde tu quieres, no tiene precio”

Publicado el 20 de Noviembre de 2011
Por Martina Noailles
Fue condenado a muerte durante la dictadura de Pinochet, junto a otros ocho militantes. La democracia de Aylwin lo sentenció a la pena de “extrañamiento” y lo expulsó de Chile. Hace 19 años que vive en Finlandia y sólo busca regresar a su tierra natal. La lucha de las organizaciones sociales y políticas y la negativa del Estado.

Desterrados. A 20 años del fin de la dictadura, en Chile aún hay nueve hombres condenados a vivir fuera de su patria. Nueve militantes que, durante el pinochetismo, fueron sentenciados a muerte por ser parte de organizaciones armadas. Lejos de considerarlos presos políticos o víctimas de la dictadura, la democracia los expulsó más allá de sus fronteras. Allá, donde no se escuchan ni se ven.
“Creo que los que luchamos ayer, hoy somos dignos de justicia. Tenemos derecho a vivir y morir en la patria que nos vio nacer.” Aunque desde hace exactamente 19 años vive en Finlandia, la voz arrastra su origen chileno. La imagen, que llega a través de la camarita del Skype, también pone de manifiesto que no es de ahí. Es morocho, de pelo largo y aparece sobre una decoración latinoamericana como telón de fondo. Hugo Marchant es un desterrado. O, como eligió llamarlo el ex presidente Patricio Aylwin, un sentenciado a la pena de “extrañamiento”. A más de 13 mil kilómetros, condenado a extrañar su tierra desde un país extraño, el ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de 58 años, es parte de una campaña que busca poner fin a lo que, para muchos, es una deuda del Estado democrático.
En 1990, cuando el candidato de la Concertación fue elegido por los votos de la ciudadanía chilena, existían en ese país más de 800 presos políticos. Juzgados por tribunales militares de la dictadura pinochetista por “hechos de sangre y actos terroristas” –cargos que en muchos casos aceptaron bajo tortura–, algunos salieron con libertad condicional y a otros, como Marchant, sus penas les fueron conmutadas bajo la fórmula del “extrañamiento”. Así, 29 militantes del MIR, del Movimiento de Acción Popular Unitaria Lautaro (MAPU) y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez terminaron en Bélgica, Noruega, Suecia y Finlandia.
Los 122 años de prisión a los que estaba condenado Marchant por su participación en el atentado al intendente de Santiago, Carol Urzúa, en 1983, fueron remplazados por 25 de exilio. La pena más alta fue de 40 años.
“Salir de la cárcel no fue salir en libertad”, aclara Marchant. Tuvimos que humillarnos solicitando un ‘indulto’, es decir reconocer que cometimos el delito de haber combatido a una dictadura criminal”. Desde el frío bajo cero de la finlandesa Tampere, donde durante la mitad del año el sol sólo ilumina algunas horas, Marchant relata un camino sin avances. “Hace años que venimos haciendo contactos para tratar de abrir una posibilidad de regreso. Ministros, parlamentarios, dirigentes sindicales, sociales… pero los resultados han sido muy pequeños.”
Es que desde que fueron obligados a partir, ninguno de los cinco presidentes que tuvo Chile desde el regreso de la democracia, dio respuesta a movilizaciones, conferencias de prensa, presentaciones judiciales e innumerables cartas de reclamo. Ni siquiera Michelle Bachelet, presa y torturada por la dictadura de Pinochet, ante quien los abogados realizaron un pedido de indulto y obtuvieron, tan sólo, silencio.
La última posibilidad se abrió el año pasado, cuando la Iglesia le propuso al presidente Sebastián Piñera que otorgara un “indulto Bicentenario”. El perdón incluía a los sentenciados al exilio pero también a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. En medio de la polémica, el presidente anunció que analizaría cada caso pero dejaría afuera a quienes fueron condenados por delitos de “Derechos Humanos, de sangre, de abusos contra menores y por terrorismo”.
Con excepción de este planteo de la Iglesia, el tema de los “extrañados” no aparece en la prensa ni está en boca de la opinión pública. A la última conferencia que dio el Comité por el Fin del Destierro sólo asistieron dos medios alternativos.

BOSQUES, LAGOS Y OTRO EXILIO. “Lumicola.” Esa fue la primera palabra que memorizó Marchant cuando llegó a Finlandia. La pala -eso significa en finlandes- fue la herramienta que utilizó en su primer trabajo estable, para sacar nieve de una obra en construcción.
Pero entonces, el idioma era lo de menos. Tras años de encierro, por fin estaba con su familia. “Tenían organizado un trabajo, un departamento calentito amoblado con una colecta que hizo el pueblo de Varkaus. Hasta había comida en la despensa. Yo andaba por el aire”, recuerda de aquel noviembre de 1992 cuando junto a su tierra, quedó atrás su tres años de militancia en el MIR, su exilio en Austria en 1973 y su regreso a Chile en 1979 “para ser combatiente de la resistencia popular”. También la condena a muerte que una campaña internacional logró frenar. Y la cárcel, donde estuvo más de nueve años.
“Aquí en Finlandia he vivido como cualquier ciudadano, he estudiado y desde que llegué sólo dos meses estuve sin trabajo. Hoy tengo a mi cargo la mantención y vigilancia técnica de los edificios del Correo de Tampere. Y aquí nació nuestro último hijo”, señala Marchant desde lo que llama su “tercera patria”. Y agradece, una y otra vez, a ese país europeo que lo tomó como migrante hace 19 años. Pero ese rincón del mundo, lleno de lagos y bosques, no es su lugar.
Por eso, desde que se fue, sólo piensa en volver. “No estamos pidiendo que se reconozca como legítimo haber ejercido el derecho a la lucha contra la dictadura de ayer sino que, simplemente, estamos exigiendo que se reconozca que nosotros ya hemos pagado de sobra la condena. Llamamos a todas las organizaciones sociales y políticas a que, juntos, exijamos al Estado que ponga fin a esta injusta condena”, dice sin perder las esperanzas, regadas con la lucha de los estudiantes que hoy enfrentan tanquetas por las calles de Santiago. “El destierro ha sido y sigue siendo un acto concreto de violación a los Derechos Humanos. Nos iremos con camas y petacas. Me da lo mismo vivir en una mediagua. Para mí, vivir donde tú quieres, no tiene precio.”

miércoles, 19 de octubre de 2011

Es hacerte un paria, un sin tierra. Es el desarraigo: Aún tenemos chilenos desterrados


Hasta hoy, injustamente, existen compañeros impedidos de volver y vivir en nuestro país, porque cometieron la osadía y el “delito” de luchar contra la sanguinaria dictadura de Pinochet y por los derechos de nuestro pueblo.

La palabra destierro y su función tiene una larga trayectoria en la historia de la humanidad. La encontramos en la biblia y en la mitología greco-romana ya con el sentido de castigo instrumental al poder, que aplicada a través del tiempo, no perdió su connotación de práctica política e ideológica para deshacerse de los adversarios; manteniendo su valor de ser una pena inmediatamente inferior a la pena de muerte.

Se percibe que no se trata de una pena menor y la fuerza de su aplicación reside -fundamentalmente- en el castigo psicológico que habrá de sufrir el apenado, por causa de su ausencia terrenal; del no poder estar presente, del no poder actuar, participar, quitándole el sentido de pertenencia. Esa es la pena.

Destierro ya lo dice: Es sacarte de tu tierra, del lugar donde te construiste, donde criaste tus lazos afectivos, es arrancarte el paisaje, es alejarte de tu lengua, de tu imaginario, de tu cultura, de tu lucha diaria, de tus sueños, de tu vida; destierro es hacerte un paria, un sin tierra; destierro es el desarraigo.

Es una pena inhumana, condenada por la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU) en su carta fundamental, hasta hoy practicada en varios países del mundo y, aunque no lo creas, entre éstos se cuenta Chile con el nombre de “extrañamiento”.

DÉJAME CONTARTE UNA HISTORIA CORTA

Hay un país llamado Chile, donde después de muchas décadas, su pueblo conquistó, a través de los sufragios, la presidencia de la república, encabezado por el candidato de la Unidad Popular, el doctor Salvador Allende Gossens. De este modo, el pueblo chileno ganó un gobierno que lo representaba en sus demandas básicas de tierra, salud, educación, trabajo; con esto refloreció la poesía, el canto, la cultura y la alegría. Era un pueblo en crecimiento, consciente de su futuro y que se mostraba dispuesto a trabajar en la construcción de sus sueños, es decir, una sociedad justa, democrática, donde el trato digno y la igualdad constituían las bases del nuevo Gobierno.

Había un pequeño grupo que siempre había ostentado el poder, dada su condición económica privilegiada y que eran dueños de industrias, bienes de producción, etcétera, que se sentía y era dueño de este país. A ellos no les gustó el cambio que se estaba forjando en Chile. El enriquecimiento ilícito que habían logrado usurpando tierras, explotando a destajo a los trabajadores y la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras, estaban en peligro.

El pequeño grupo, jumto con su gran aliado, Estados Unidos, concluyeron que la verdadera amenaza era este pueblo participando de una “revolución socialista y democrática, con sabor a vino tinto y empanadas”. Los poderosos decían: Nunca más podremos sacarlo, porque son mayoría y se hará insumiso. Perderemos la tuición que teníamos sobre Chile, el poder, no podremos más enriquecer; además, es un mal ejemplo para el mundo, porque llevará este ejemplo a otros pueblos y serán imitados. Esto, será nuestra ruina y, por lo tanto, ¡Tiene que ser eliminado de raíz!

UN PLAN POR ETAPAS

Primero el caos, después la sangre. Fue el plan que decidieron los poderosos, lacónicamente.

Comenzaron asesinando al General en Jefe del Ejército, René Schneider para evitar que asumiera la presidencia el doctor Salvador Allende Gossens, no obtuvieron el resultado esperado, por lo que iniciaron otro plan de acción. Desataron una ola de desabastecimiento, armaron focos de violencia, inmovilizaron el transporte de cargas, armaron boicots de todo tipo, intentaron a través de la vía jurídica y legislativa debilitar el poder popular y tampoco lo consiguieron. El pueblo de Chile, no cejó, siguió creciendo y creyendo en su futuro.

Para la segunda parte del plan, reunieron a un grupo de generales traidores, cobardes y serviles, les ordenaron ejecutar el trabajo sucio, para así, restituir el poder a sus “antiguos dueños”. Sería fácil, el pueblo estaba desarmado.

El 11 de septiembre de 1973 comenzaron a cubrir de sangre por más de 17 años el sueño de un pueblo. Esta primavera nunca más debería florecer.

La orden fue eliminar a todos los que estuvieran muy cercanos al trabajo del gobierno de la Unidad Popular y luego a los que se oponían a un nuevo sistema social, político y económico y, en jaurías -cual hienas sedientas-, violaron y asesinaron cobardemente a su propio pueblo, porque se atrevió a soñar con un futuro donde la educación, la salud, la tierra, el salario digno y las riquezas naturales, como el cobre, fueran patrimonio y derechos de todos los chilenos y no de unos pocos.

El resultado de este exterminio se cuenta en miles de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos; Presos Políticos; Torturados; Exiliados; y familias completas desarmadas emocionalmente. Fueron días oscuros y tristes, de mucho dolor e impotencia. Sin embargo, hubo un puñado de hombres y mujeres valientes que resistieron a la dictadura desde el primer día.

Pese a la barbarie, los partidos de izquierda se fueron rearticulando y se sumaron decenas de miles de chilenos a la lucha antidictatorial, validando y utilizando todos los medios de lucha para conseguir la libertad de nuestra patria.

Dentro de las formas de lucha adoptadas por el pueblo, estuvo la decisión de tomar la vía armada, mediante la cual un numeroso grupo de los mejores hijos del pueblo colocaron a disposición -de forma generosa y por la libertad- lo más valioso que tenían: Sus vidas.

Muchos hijos del pueblo cayeron en combate y hoy son reconocidos y nunca olvidados. Otros combatientes cayeron prisioneros y fueron sometidos sistemáticamente a los peores vejámenes y cruentas torturas, quedando posteriormente relegados a largos años de prisión que se extendieron, incluso ya advenida la democracia.

El timorato primer gobierno de la Concertación, con Patricio Aylwin como presidente, negoció con el ex dictador Pinochet a espaldas del pueblo, la suerte de estos luchadores sin tomar en cuenta los años de cárcel que ya tenían a su haber y menos considerando todo lo que habían vivido por contribuir a desestabilizar la dictadura.

Hasta hoy, todos los gobiernos de la Concertación han desconocido el trabajo de estos combatientes, quiénes son los primeros artífices de la conquista de la democracia y que, otros compañeros de lucha olvidaron los compromisos más básicos de hermandad y solidaridad para obtener algún cargo político dentro de los distintos estamentos del Estado.

De este modo, y dando vuelta la espalda a los luchadores consecuentes, el gobierno de Patricio Aylwin, conmutó las penas de cárcel que les afectaban, por sendas penas de extrañamiento en distintos países del mundo. Es decir, al destierro.

Hasta hoy, injustamente, existen compatriotas impedidos de volver y vivir en nuestro país, porque cometieron la osadía y el “delito” de enfrentarse contra la sanguinaria dictadura de Pinochet y por los derechos de su pueblo.

Como chilenos, como pueblo, con dignidad y memoria, exigimos la derogación inmediata de esta pena por parte del gobierno de Chile, restaurando el derecho a estos compañeros a vivir y a morir en esta tierra que les pertenece, que aman y por la cual tanto han luchado.

Por Pedro Sierrra

COMITÉ ¡FIN AL DESTIERRO AHORA!

Octubre, 2011.

La vida en Europa de los presos condenados a extrañamiento por delitos terroristas

Llegó la democracia y ellos cambiaron la cárcel por el extrañamiento, sabiendo que si pisan su tierra, quebrantan una pena y pueden ser encarcelados. Ya han perdido parte del acento chileno, pero no los chilenismos ni los ánimos de reivindicar su lucha armada. Mientras en Chile se modifica la Ley Antiterrorista con la que se les condenó en los ochenta, tres de los nueve presos del régimen militar que cumplen condenas de extrañamiento plantean su deseo de regresar.




Llegó la democracia y ellos cambiaron la cárcel por el extrañamiento, sabiendo que si pisan su tierra, quebrantan una pena y pueden ser encarcelados. Ya han perdido parte del acento chileno, pero no los chilenismos ni los ánimos de reivindicar su lucha armada. Mientras en Chile se modifica la Ley Antiterrorista con la que se les condenó en los años ochenta, tres de los nueve presos del régimen militar que cumplen condenas de extrañamiento plantean su deseo de regresar.

En el pasaporte finlandés que Hugo Marchant (57 años) ocupa para viajar, no figura Manuel, aunque esa sea el nombre con el que fue conocido cuando era un militante clandestino del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Tampoco dice nada de Adolfo Arriagada, el apodo que usaba para evitar que lo detuviera la policía en la época en que su actual mujer, Silvia Aedo (55 años), con quien vive en Tampere, Finlandia, se enamoró de él. Menos aún se menciona a Coyote, como le decían en los ’80, cuando estuvo preso en la Cárcel Pública de Santiago. Lo que sí aparece escaneado en el código de su pasaporte es que puede entrar sin problemas a todos los países del mundo, menos a Chile.

Por lo menos hasta el 2017, cuando se cumplan 25 años desde que el gobierno de Patricio Aylwin le conmutara un presidio perpetuo y 122 años de prisión por el extrañamiento en Finlandia. A él y a 28 presos políticos pertenecientes al MIR, al Movimiento Lautaro y al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusados de haber participado en delitos calificados de terroristas. Otros fueron enviados a Noruega, Suecia y a Bélgica por periodos que dependían de los cargos en su contra.

Pero los años de extrañamiento que a Marchant y a los otros les restan por cumplir, podrían haber sido menos si sus casos se hubiesen acogido a un indulto bicentenario que el Presidente Sebastián Piñera rechazó el pasado 25 de julio.

POR LA RAZÓN Y LAS ARMAS

Hugo Marchant reconoce que participó en el homicidio del ex intendente de Santiago Carol Urzúa en 1983. Sólo acota que prefiere llamarlo “ajusticiamiento”:

-Matar es un acto inhumano. Lo que nosotros hicimos fue un acto de justicia -dice a través de un video llamado desde su casa en Finlandia.
Tiene el pelo largo, igual que cuando era clandestino. “Fue un operativo muy celebrado por el pueblo, porque caía un agente de la represión”, dice sin disimular su orgullo. Y justifica el uso de las armas, en esa y en otras operaciones en las que participó siendo mirista.

Otros ocho ex presos por delitos terroristas siguen repartidos por Europa cumpliendo sus penas de extrañamiento.

Jorge Escobar (43 años), Omar en la clandestinidad o el Rucio -como lo conocieron sus compañeros lautaristas-, fue capturado en 1989 por participar en el homicidio de una niña de 5 años y de un carabinero durante un asalto a una tienda en Santa Rosa. Escobar prefiere hablar de “recuperación”. “Yo asumo políticamente las acciones del MAPU-Lautaro porque fui parte de ellas. Nunca asesinamos sólo por asesinar”, dice desde Noruega, donde vive hace 16 años.

Durante ese mismo tiempo Héctor Maturana (44 años) ha vivido en Bélgica, después de que fuera encarcelado por participar en el atentado a Pinochet en 1986. “Fue un acto de resistencia a la dictadura”, dice, con un acento que ha definido como frañol: “Una mezcla media rara entre el francés y el español”.

PREPARACIÓN MILITAR

Mientras militaba en las filas del MIR en los ‘80, Hugo Marchant recibió preparación política y militar en Austria y en Cuba. En 1980 conoció a Silvia, que tenía dos hijos de su matrimonio anterior y que asumió los riesgos que implicaba ser su pareja. “Yo sabía perfectamente que él estaba clandestino, pero no era importante”, dice Silvia.

Marchant siempre estuvo al filo de ser detenido. “El miedo es una cosa viva, y siempre vivimos con eso. Veía un paco y me corría algo heladito en todo el cuerpo porque pensaba que andaba detrás de mí”, dice. Y así fue, porque una semana después del asesinato a Urzúa, la policía dio con su paradero: Hugo, Silvia y Javiera, la hija de ambos de ocho meses, fueron separados y llevados a distintas prisiones en 1983. Después de dos meses, a Silvia la dejaron en libertad provisional. El mismo día que a Hugo lo condenaron a pena de muerte.

Lo del miedo latente, también lo sintió Jorge Escobar cuando vivió clandestino. Sabía –dice- que era el costo de su militancia: “Cuando uno asume una actitud de lucha en una realidad concreta, son decisiones que tomaste. Sabía a lo que iba”, dice. Mientras hacía el Servicio Militar en 1986, fue de los mejores tiradores. “El Ejército de Chile me preparó”, dice irónico. Porque sólo tres años después de terminarlo, fue capturado y condenado a prisión por los mismos que le enseñaron a ocupar las armas.

De los tres, Héctor Maturana fue el único que no hizo el Servicio Militar, pero se las arregló para recibir preparación en el Sudeste Asiático. “Vietnam es otro nivel. Es como el top del terrorismo, por así decir”, cuenta riendo. A Héctor lo tomaron preso en 1989, en lo que llama “una misión de abastecimiento” en el sur, donde murió un carabinero. “Me dieron dos penas de muerte”, dice refiriéndose al total de condenas que tuvo, por esa, y otras acciones del FPMR.

Después de varios recorridos por distintas penitenciarías del país, Hugo, Héctor y Jorge se conocieron a principios de los ‘90 en la Cárcel Pública de Santiago. “De vez en cuando conversábamos, nos encontrábamos en las asambleas o cuando jugábamos a la pelota”, recuerda Hugo Marchant.




LAS “LEYES CUMPLIDO”

Una de las primeras tareas del gobierno de Aylwin fue solucionar el problema de los llamados presos políticos. Pese a la llegada de la democracia, era muy difícil ofrecerles un perdonazo a los cerca de 255 presos involucrados en hechos de sangre y actos terroristas. Según la Constitución de 1980, quienes estaban acusados de participar en este tipo de acciones no podían beneficiarse de ningún indulto. Así lo estipulaba la Ley de Conductas Terroristas, que acaba de ser modificada luego de la larga huelga de hambre de 34 comuneros mapuche presos en virtud de esa misma ley.

Como sea, en 1991 la solución la dieron las llamadas “Leyes Cumplido”, que permitieron dar indultos y libertades provisionales a quienes habían sido juzgados por delitos terroristas.

-Optamos por aplicarles la pena de extrañamiento que es temporal. Consideramos que había que compensarles los tratos inhumanos y degradantes a los que habían sido sometidos y les rebajamos las penas. Yo diría que se aplicó la justicia más próxima a una justicia con misericordia, porque esas personas eran responsables de delito. No eran angelitos -dice Francisco Cumplido (80 años), ex ministro de Justicia de Patricio Aylwin.

Fueron 29 los acusados por actos terroristas beneficiados por el cambio legal. Según Cumplido, a todos ellos se les iniciaron procesos nuevos. En éstos no se considerarían las confesiones hechas bajo tortura. Así, se les conmutaron las penas de cárcel por la del extrañamiento.

En 1992, Hugo, Silvia y sus hijos partieron a Varkaus, Finlandia. En 1994, Jorge partió a Oslo, Noruega. El mismo año, Héctor y Ester, una voluntaria de la agrupación “Dignidad y Justicia”, con quien contrajo matrimonio al interior de la cárcel, partieron a Bruselas, Bélgica.

ANCLADOS A EUROPA

La primera palabra que Hugo Marchant memorizó del finlandés fue “lumicola”, una pala que le sirvió como herramienta cuando, después de tres meses, consiguió su primer trabajo estable, sacando nieve en una obra de construcción.

Al principio poco le importaba el idioma. Lo fundamental era que después de nueve años en la cárcel, por fin podía estar con su mujer y sus hijos, en una casa que le había acomodado el vecindario que lo acogió.

-Me tenían organizado un trabajo y un departamento amoblado con una colecta que hicieron. Calientito, con calefacción. Hicieron una recolección y me entregaron sillones, un televisor, cocina, comida en la despensa. Yo andaba en el aire -recuerda.

Después de varios años, aprendió finlandés y pudo desempeñarse en otros oficios. Hoy no tiene problemas para encontrar trabajo. Es la mano derecha del administrador del edificio industrial donde trabaja como recepcionista.

El idioma también fue una complicación para Jorge Escobar. “Del noruego no tenía de dónde agarrarme. Me costó como cinco años adaptarme”, cuenta. La organización humanitaria que lo acogió, lo acomodó en un departamento de soltero y le consiguió un curso de idiomas. En estos 16 años ha trabajado en la construcción, cuidando enfermos y dando clases de español.

De los tres, Héctor Maturana fue el único que no tuvo una casa de acogida donde llegar. Por eso, recurrió a Marco Paulsen, un ex lautarista que cumplía el extrañamiento en Bélgica, que lo recibió a él y a su mujer en su casa. La ONU le dio un viático para costearse lo necesario para instalarse, antes de que empezara a “hacer pololitos”, pintando casas.

-He hecho de todo, hasta de jardinero. No le hago asco a nada –cuenta desde Bélgica.

Héctor rescata del exilio los interminables viajes que ha hecho por Europa. “He viajado a todos lados. A Turquía, Egipto y todos los años trato de viajar a un lugar nuevo”, cuenta. Aunque no puede regresar al país, se las ha arreglado para mantener tradiciones chilenas en casa: “Yo y mi mujer bailamos cueca con atuendo y todo. Las fiestas patrias las pasamos en mi casa con un grupo de amigos chilenos. Nosotros somos bien chilenos pa esa hueá”.

UNA PAUSA EN EL EXILIO

El 25 de marzo del año pasado, Jorge Escobar entró al país por sesenta días gracias a un permiso humanitario que consiguió para despedirse de su madre que falleció justo en ese tiempo. Cuando el permiso expiró, tuvo que volver al exilio. En esos dos meses participó en la creación de “Chile Vuelvo”, un comité que quiere acabar con el exilio político de los nueve chilenos que aún cumplen condena de extrañamiento.

El 19 de mayo de 2009 Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza, abogados del comité, solicitaron el indulto presidencial para el lautarista, el mirista y el frentista. Ha pasado un año desde ese entonces y no ha habido respuesta.

“No creo que haya tenido conocimiento de esa solicitud. No me consta que se haya presentado. Yo creo que no llegaron a una instancia resolutiva”, dice el ex ministro de Justicia Carlos Maldonado, en ese cargo entonces. La solicitud, sin embargo, sigue en dicho ministerio. Y su estado, según lo rectifica la Subsecretaría de Justicia a través de una respuesta entregada gracias a La ley de Transparencia, es confidencial.

EL INDULTO BICENTENARIO

Este año se abrió una nueva posibilidad para los extrañados. No surgió desde el comité que los defiende. Se trata del indulto bicentenario que propuso el capellán de gendarmería Jaime Nawrath a la Conferencia Episcopal y que la Iglesia Católica presentó a La Moneda el 16 de julio. La propuesta original de la Iglesia incluía a personas que hubiesen violado los derechos humanos, uno de los puntos que mayor discusión generó.

Según el sacerdote Nawrath, tanto los militares como quienes hoy cumplen penas de extrañamiento deberían haber sido incorporados en el indulto. “De esto ha pasado harto tiempo. Los que cometieron delitos tienen que pedir perdón y la sociedad tiene que dar el perdón”, explica.

El 25 de julio pasado, el Presidente anunció que no indultaría a quienes estén cumpliendo condenas por delitos de derechos humanos, de sangre, por abusos contra menores, por terrorismo y narcotráfico. Según Piñera, el beneficio sería analizado caso a caso: no se aplicará un beneficio general. Ninguno de los extrañados se declara violador de los derechos humanos ya que, para ellos, era la opción que tenían para responder a la represión. Sin embargo, el gobierno los clasifica como tales por haber estado involucrados en hechos de sangre y actos terroristas.

Antes de que Piñera rechazara el indulto bicentenario ni Marchant ni Escobar se mostraron interesados en acogerse a la medida si es que el beneficio se extendía a los militares. “Rechazo absolutamente cualquier tipo de indulto a los militares que están presos en cárceles de oro”, dice el primero. Escobar agrega: “Ese tipo de indulto suena como el que se solicita para el lumpen, y en esa categoría, créeme, no quiero entrar”.

Héctor Maturana opinó diferente. No le complicaría ser beneficiado por un indulto que perdone al mismo tiempo a militares porque, cree, la responsabilidad no es suya: “El indulto se ve caso a caso. Tú puedes negarlo incluso si consideras que esta persona no tiene mérito suficiente. Es el Presidente quien asume el costo y la responsabilidad”.

En las solicitudes de indulto particulares, Arriaza y Espinoza argumentan que los tres ex presos fueron juzgados en procesos irregulares y que las condenas fueron exageradas. Cumplido insiste en que tanto la irregularidad de los procesos como la exageración de las condenas se consideraron al aplicárseles el extrañamiento. Así y todo, Cumplido opina que a los que les queda poco tiempo deberían poder regresar: “Con veinte años de sistema democrático, ¿qué problema hay en que vuelvan?”.

Además, Arriaza cree que la reapertura de la Comisión Valech desde febrero de este año es relevante para demostrar que los expatriados que piden el indulto fueron torturados. Con la reapertura, podrían sumarse nuevos casos –entre ellos, los suyos- al informe. “Piñera va a tener que reconocer quiénes van a ser las víctimas, yo me imagino que podría ser un peso muy suficiente como para tener que pronunciarse respecto al indulto”, dice.

Pero ni Hugo, ni Jorge, ni Héctor comparten esa certeza. Los tres están en el Informe Valech desde 2003 y, dicen que con la pensión que reciben no se sienten reparados por el Estado. “Estar allí, lo único que hace más visible es la contradicción que cruza a la Concertación. Por una parte nos reconoce como luchadores antidictatoriales o víctimas de la dictadura, y por otra nos mantiene el castigo de extrañamiento o exilio”, dice Jorge.

EL REGRESO

Según el comité Chile Vuelvo, hoy quedan 9 extrañados que aún están pagando la pena. El ex lautarista Marco Paulsen (42 años) es de los 20 ex presos que ya han cumplido su condena de extrañamiento. Lo une con Héctor Maturana una gran amistad que se remonta a los años en que ambos estuvieron en la cárcel y que se consolidó cuando Paulsen lo recibió a él y a su pareja en el exilio. Les ofreció su hogar en Bélgica durante los primeros dos meses del extrañamiento. Pese a no haberse visto por años, la amistad continúa pues siguen en contacto.

Mientras otros optaron por hacer su vida en Europa, Paulsen quiso desde el primer momento que sus hijos crecieran en Chile. Por eso, en 2005 calculó que se había acabado la pena de 12 años de extrañamiento que cumplía en Bélgica desde 1993, y decidió volver.

Primero, y antes de volar rumbo a Santiago, se contactó con el Ministerio de Justicia a través de la embajada para confirmar que las fechas calzaran. Desde Chile le dijeron que sus papeles estaban perdidos y que no tenían cómo confirmarle nada.

Cuando llegó, no lo querían dejar entrar: “No sabía que tenía otra condena por otro caso. Ahí el fiscal se empeñó en decir que yo había quebrantado la condena”, recuerda. Luego fue trasladado a una comisaría. No era la primera vez que interrumpía su condena de exilio, pues Marco había podido entrar a Chile por razones humanitarias en 2002, cuando murió su papá. La escena de la primera vez se repetía al punto que el gendarme que lo tomaba preso era el mismo. “Entonces el mismo rati me saluda y me dice: ‘puta disculpa’”.

Al final quedó en libertad, bajo ciertas condiciones. En vez del mes que tenía previsto pasar de vacaciones con su familia en Chile para planificar su regreso, tuvo que quedarse tres, firmando cada treinta días.

Después de los dos intentos de retorno, Marco pudo establecerse en Chile en 2007, con su pareja, también chilena, y sus dos hijos. Su título en una universidad belga no es reconocido legalmente acá, pero no le causa problemas para conseguir trabajo.
-Por la mentalidad que hay acá, el tener estudios en la Universidad Católica de Lovaina hace que te ofrezcan pega. Es una situación de injusticia que en este caso me beneficia -explica Marco, quien trabaja en un proyecto sobre el riego artificial en la Universidad de Concepción y participa en Chile Vuelvo.

Lo perjudican las tres hojas de antecedentes legales que en Chile, a diferencia de Bélgica, sí exigen a la hora de buscar trabajo. “La gente se espanta antes de leer”, cuenta. Tampoco puede votar ni ejercer cargos públicos.

EL OTRO EXILIO

Esos derechos civiles tampoco los tiene el ex frentista Jorge Martín (53 años), uno de los 49 presos que se fugó de la Cárcel Pública de Santiago en 1990 a través de un túnel subterráneo horadado con tenedores y cucharas. El 27 de enero de este año fue detenido en el aeropuerto de Santiago.

Volvía después de 20 años. Aunque está acusado por el asalto a la Armería Italiana y por otras acciones del Frente, su condena le era indiferente porque, según él, ya prescribió:

-Vine para ver los procesos, que prescriban de una vez por todas. Ya no vi solución política ni voluntad de parte de los abogados que llevan los procesos. A la vez vamos entrando a una edad en que uno siente nostalgia, quiere reencontrarse con su gente, con la familia -explica Martín, quien a juzgar por su acento, tiene mucho más de español que de chileno, pese a su doble nacionalidad.

Si no se hubiese fugado, Jorge habría sido uno más de los presos enviados al extranjero con condena de extrañamiento. Pero él no quiso esperar esa negociación y decidió partir por su cuenta. “Habíamos sacado cuentas, y perdonazo no iba a haber. Ya se suponía que iba a haber pena de extrañamiento, que no íbamos a quedar en libertad. Queríamos demostrarle nuestra fuerza político militar a la dictadura”, dice.

El mismo año que se fugó de la cárcel, partió de Chile clandestino. Después de pasar por varios países con documentos falsos, en 1990 se estableció como un español más en Madrid: sin problemas legales, sin identidad falsa. Pero se cansó de estar en España, un país que no es el suyo, y quiso volver a Chile asumiendo las consecuencias. “Estoy libre entre comillas”, dice, porque el reclamo de prescripción a su condena que él hace, no se ha concretado. Reconoce que está con arraigo nacional y que lo pueden tomar detenido si es que así se ordena.
En una situación similar a la suya se encuentran los más de ciento cincuenta chilenos que por las mismas razones que Jorge viven clandestinos, según los cálculos del comité Chile Vuelvo.

Ni Marchant ni Maturana tienen esperanzas en la solicitud de indulto que presentaron el año pasado. Eso sí, están decididos a regresar apenas cumplan su condena. “Nos vamos con camas y petacas. Me da lo mismo vivir en una mediagua en Chile. Para mí vivir dónde tú quieres no tiene precio”, dice Hugo.

El único que no está seguro de volver definitivamente es Jorge Escobar, aunque se conforma con poder entrar y salir del país cuando quiera. Ya no está ansioso de volver y quedarse, porque ese Chile que ha imaginado y visitado en sus sueños, explica, ya no existe:

-Nuestra apuesta de vida, de transformación social, fue derrotada. Y en ese contexto global, sin lugar a dudas yo como individuo me he sentido derrotado.


*Este reportaje fue hecho en el marco del ramo Periodismo de Investigación impartido por los profesores Cristóbal Edwards y Constanza Mujica en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica.

http://ciperchile.cl/2010/10/07/la-vida-en-europa-de-los-presos-condenados-a-extranamiento-por-delitos-terroristas/

Carta de un desterrado al Instituto de Derechos Humanos


Hugo Marchant junto a Silvia Aedo, su pareja, el día que pàrtieron al destierro durante el Gobierno de Patricio Aylwin.

Finlandia, septiembre 17 de 2011.



Señores

Instituto de Derechos Humanos

Presente

Cuando escribo estas líneas, estamos pronto a cumplir 19 años desde aquella asoleada mañana, cuando nos despedíamos de nuestros compañeros presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago, también de nuestros familiares, amigos y compañeros de nuestro pueblo, que con su lucha y la nuestra nos negábamos a creer en la oferta de Justicia que el proceso de “la transición a la democracia” ofrecía a nuestro país y sus Organizaciones de Derechos Humanos. Cuando despegó el avión de la loza del aeropuerto de Pudahuel, comprendí una vez más, que no hubo Justicia, pues iniciaba con ese vuelo el camino hacia el “Destierro”.

No puedo negar que tuvimos un caluroso recibimiento de parte de las organizaciones solidarias con la causa de nuestro Pueblo de tiempos de Dictadura, no puedo negar que he tenido posibilidades de un puesto de trabajo y capacitación profesional, y en nuestra mesa no ha faltado el pan y hemos habitado en una vivienda que nos protege del inhóspito invierno finlandés. Sin embargo, ni este bienestar, ni la tranquilidad, ni la cultura de este país, ha impedido hacerme sentir que cada día de estos casi 19 años pago una injusta condena.

El Destierro no es una condena que me afecta solo a mí, es para toda mi familia, mi compañera y mis cuatro hijos. ¿Me podría creer usted que mi hija -a su 28 años- todavía no puede entender que ella tiene derecho a ser feliz?; haber aprendido a caminar en la cárcel junto a su madre, haber despertado a la vida -a sus escasos años- bajo el temor que cualquier día llegaría la noticia de una fatídica “muerte anunciada”, como era la amenaza de la pena de muerte.

Ellos salieron felices, ese día de noviembre junto a sus padres, rumbo a este bello país de bosques y lagos, pero triste fue el día que comprendieron mis hijos que como padre tenían un ermitaño que, al sobrevivir bajo el destierro, más que “un gracias a la vida”, era una maldición tener que sentir el peso de la derrota y la injusticia que nuestro pueblo debe tragarse con los “nuevos tiempos” que sucedieron a 17 años de Dictadura.

Cuando le cuento estas cosas no es para que se pongan a llorar conmigo sino para que se alcance a entender que hemos pagado de sobra la condena a la cual me ha sometido el Estado chileno, más de nueve años de cárcel en Chile, y estos casi 19 años de destierro.

Hace ya varios años iniciamos más de una campaña para terminar con esta condena, Ministros y comisiones de Derechos Humanos de varios países europeos, además del Presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, altos funcionarios de la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pidieron el fin al destierro. El mismísimo Monseñor Helmut Frenz -recientemente fallecido- pidió el fin a esta condena. La Señora Bachelet y su Gobierno no fueron capaces ni siquiera de hacer llegar una respuesta. Solamente silencio.

También cabe mencionar que hace un par de años nuestros abogados hicieron la solicitud de indulto. Una vez más tener que pedir indulto, pero ni siquiera eso ha significado una ayuda, la solicitud está perdida en la burocracia del Estado chileno.

Señoras y señores del Instituto de Derechos Humanos, no estoy dispuesto a tener que cumplir los seis años de condena que nos queda en este lejano país. No es la soberbia ni el rencor lo que me embarga. Creo que hay razones de sobra para que ustedes hagan algo para terminar con esta injusticia. Yo ya digo ¡Basta! con mi compañera y un grupo de ex presos políticos, compañeros y compañeras de distintos sectores sociales, activistas de Derechos Humanos, abogados, jóvenes estudiantes, hemos formado un Comité cuyo nombre es “Fin al Destierro Ahora”, haciendo suyo este grito de injusticia. Este comité convoca y reclama la solidaridad de nuestro pueblo a esta causa.

Señoras y señores es que componen y actúan en el Instituto de Derechos Humanos, estamos pidiendo que con este tema expuesto, se comprometan a llevar esta problemática dentro de sus actividades diarias como garantes de la protección de los derechos humanos tan básicos e inalienables, como es el derecho a vivir y morir en nuestra patria, pues es éste -dentro de muchas otras violaciones a los Derechos Humanos- el que ha estado por décadas invisibilizado en nuestra sociedad y en instituciones u organismos que están comprometidos con esta materia.

Solicitamos que ustedes asuman este compromiso expresándolo en cada instancia que corresponda, que “EL DESTIERRO” ha sido y sigue siendo un acto concreto de violación a los derechos humanos. Hoy somos nosotros, en el futuro quizá sean otros los que se encuentren en estas condiciones. Ustedes están llamados(as) a ayudar a resolver este conflicto, que como ya es sabido, sólo se puede avanzar a través de la promulgación de una Ley, por la vía administrativa o bien por ambas a la vez.

El artículo 3° de la Ley del instituto de los Derechos Humanos, establece con claridad que “le corresponderá al Instituto: Comunicar al Gobierno y a los otros órganos del Estado su opinión respecto a los Derechos Humanos y, a la vez, proponer a los órganos del estado las medidas que favorezcan la protección y promoción de los Derechos Humanos.

Finalmente, quiero decirles que no estamos pidiendo que se reconozca como legítimo haber ejercido el derecho a la lucha contra la dictadura de ayer, como era la reivindicación de la organización de los presos políticos y nuestros familiares y amigos durante aquellos años, sino que simplemente estamos exigiendo que se reconozca que nosotros ya hemos pagado de sobra la condena.

¿Qué más quiere el Estado chileno? ¿Vermos de rodillas?… ¡Eso nunca! simplemente porque no pertenecemos a esa estirpe de hijos de nuestro pueblo. Jamás nos podrán ver de rodillas ante la opresión y la injusticia.

Creo, como dice la canción:

“Dice mi padre que ya llegará

desde el fondo del tiempo otro tiempo

y me dice que el sol brillará

sobre un pueblo que él sueña

labrando su verde solar”.

Gracias de antemano, y esperando que nuestras palabras tengan una buena acogida, les saluda fraternalmente.



Hugo Marchant Moya

Silvia Aedo Sepúlveda